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El Real Decreto sobre renovables, cogeneración y residuos aprobado el viernes ahonda en la ruptura de la seguridad jurídica y la arbitrariedad de criterios, pues los parámetros sobre los que pivota podrán variarse cada tres años y la tasa de rentabilidad razonable cada seis.
La inseguridad jurídica que genera llevará al 30% del parque fotovoltaico a no poder hacer frente al servicio de la deuda
El 30% de los proyectos fotovoltaicos sufrirá recortes de en torno al 40% de los ingresos previstos, lo que llevará a estos proyectos a no poder hacer frente al pago de la deuda que tienen con los bancos, a menos que se realicen quitas de en torno al 20%.
La inseguridad jurídica que instaura el texto, que no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por el sector, imposibilita no solo la financiación de nuevos proyectos en España, sino también la refinanciación de los existentes.
La aprobación de este RD supone además la posibilidad de que desaparezca en la práctica y debido a eventuales modificaciones del mecanismo de casación del mercado eléctrico, la “prioridad de despacho” de las energías renovables a la hora de vender su electricidad en el mercado mayorista, un derecho recogido en la normativa europea UE/2009/28.
Según José Donoso, Director General de UNEF: “El RD aprobado por el Consejo de Ministros penaliza no sólo el pasado, sino también el futuro. Con la inseguridad jurídica que se ha creado para nuestro país, será muy difícil en el futuro convencer a los inversores de que acudan a este sector, o solo lo harán con una prima de riesgo que perjudicará la competitividad de la tecnología”.
