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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha promovido, en su III Cumbre Político-Empresarial celebrada en CaixaForum Madrid, un gran pacto con los partidos y los grupos del arco parlamentario para el cumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores de 30 días en las Administraciones Públicas y 60 en el entorno empresarial, tal y como dicta la actual legislación.
La cumbre ha contado con la participación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Cristóbal Montoro),la directora de Emprendeduría y Pymes de la Comisión Europea (Joanna Drake), el director de la Representación en España de la Comisión Europea (Francisco Fonseca), así como representantes de partidos políticos como el secretario general del PSOE (Pedro Sánchez), Rafael Hernando del PP, Alberto Garzón de Izquierda Unida, Josep Sánchez Llibre del Grupo Catalán, Pedro Azpiazu del Grupo Vasco, y Álvaro Anchuelo de UPyD.
Gobierno y partidos políticos han coincidido en que es necesario que haya un consenso unánime para conseguir acabar con esta problemática que se ha intensificado en los últimos años. La morosidad ha causado el cierre de unas 400.000 empresas, principalmente pymes, desde el inicio de la crisis en España.
Por ello, las fuerzas parlamentarias se han adherido al ‘Manifiesto Tolerancia Cero con la Morosidad’ de la PMcM. De cumplirse las propuestas que contiene, “no solo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores, sino que estaríamos delante de un compromiso político que permitirá no crear más trampas para saltarse legalmente los plazos de pago”, afirma el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. Según su último informe, el plazo medio de pago del sector privado pasó de 93 días en 2012 a 85 en 2013, frente a los 60 días que marca la ley. Por su parte, el período de pago del sector público mejoró en 30 días, reduciéndose de 141 días en 2012 a 111 en 2013, cifra que, aun así, casi cuadruplicaba el máximo legal (30 días).
‘Manifiesto Tolerancia Cero con la Morosidad’, de la PMcM
Este manifiesto aboga por un acuerdo de tolerancia cero frente a la morosidad. Se trata una declaración de intenciones que hace especial foco en una de las reivindicaciones clave en el planteamiento de esta entidad: el régimen sancionador, con el que se pretende multar a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos establecidos por ley.
Para Cañete, “un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
El ‘Manifiesto Tolerancia Cero con la Morosidad’ también recoge otras propuestas para reducir de forma efectiva esta práctica. Entre éstas, la PMcM propone implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial, como la figura del mediador que tanto éxito ha tenido en Francia. Asimismo, se contempla crear un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratistas; y desarrollar un Observatorio contra la Morosidad que incluya la participación activa y explícita de la PMcM. La puesta en marcha de esta plataforma permitiría conocer con rigor el comportamiento en los pagos en nuestro país.
El manifiesto lo completan otras medidas que hacen referencia a los gastos y costes inherentes al cobro de facturas fuera de plazo deben ser abonados por el comprador, siendo irrenunciable el derecho a recibir intereses de demora. Otra de las consideraciones recogidas en el documento es que se debe implementar en la práctica la reserva de dominio, que es un derecho recogido en la Ley contra la Morosidad, pero muy difícil de ejercer en la realidad empresarial.
Del mismo modo, se debe dotar a los acreedores de los instrumentos para la reposesión inmediata de los bienes no pagados por el deudor cuando exista una cláusula de reserva de dominio en el contrato. Además, hay que evitar que la liquidación de facturas mediante títulos cambiarios o a través de servicios financieros, como el confirming, permita a los compradores ampliar los plazos de pago legales.
En el evento, en cuya organización han colaborado Axesor, Solunion e Interban Network, participaron también, entre otros, representantes de las dos asociaciones más representativas de autónomos (ATA y UPTA), y de las patronales PIMEC, CNC, AFME, ANFALUM, FENIE y CONAIF, entre otras, y expertos en materia de impagos a proveedores en los ámbitos de la administración, empresarial, jurídico y económico, como el director de la Agencia de Información y Control Alimentaria (José Miguel Herrero), el director de la patronal europea de Pymes (LucHendryc), y el director de Estudios de la PMcM (Pere Brachfield).