La PMcM presenta su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2016”

“Por tercer año consecutivo el sector público presenta un mejor comportamiento que el privado”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. “Debemos valorar las políticas implementadas en el ámbito público de forma positiva, ya que sistemáticamente mejoran año tras año, aunque no se puede decir lo mismo en el ámbito privado. Seguimos sin entender cómo es posible que después de siete años de la Ley 15/2010, que obligaba a la creación de un Observatorio de Morosidad en el sector privado, la PMcM tenga que seguir informando del comportamiento de los plazos de pago en este ámbito. Esperamos que este tenga que ser el último informe de la PMcM, puesto que el acuerdo de PP y Ciudadanos contempla la creación del mismo”.

Según el estudio, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el año pasado el 68% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 91% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 96% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

Esto podría deberse “sobre todo más al miedo de perder el cliente y el sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento”, explica el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, basándose en que el 71% de los encuestados ha asegurado conocer la legislación existente, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 29% de las empresas aún la desconozca”.

De acuerdo con el “Informe sobre Morosidad 2016” de la PMcM, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 2,3%, lo que significó una reducción de 2,1 puntos porcentuales respecto a 2015 (4,4%). “Este dato es trascendental para la salud de nuestras empresas”, advierte.

Análisis de la PMcM afirman que la morosidad ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis. En este sentido, casi la totalidad de los encuestados (93%) manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador. Para Cañete, “la instauración de este sistema de multas en el sector privado es la clave para acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y del país”.

Esta medida –con la que se sancionaría económicamente a las empresas morosas- ha sido anunciada recientemente por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, poco después de una sentencia del Tribunal Supremo haya declarado que todos aquellos pactos para el plazo del pago que exceden del límite de 60 días, resultan nulos por contravenir la Ley”, apunta Cañete.

“Precisamente, desde la PMcM también creemos que, dentro del sector privado, las empresas que incurren en malas prácticas de pago son, en su mayoría, las grandes compañías, por lo que entendemos que la mejora de los plazos de pago de las empresas que se vienen registrando estos últimos años corresponde sobre todo a la mejora del comportamiento de los plazos de pagos de las empresas de menor tamaño (pymes y autónomos)”, explica.

Cumbre contra la Morosidad
“Como confiamos en que el régimen sancionador será una realidad en breve, desde la PMcM queremos crear el marco adecuado. Hemos comenzado ya a preparar la cuarta edición de nuestra Cumbre Político-Empresarial, que se celebrará a finales del primer trimestre del año”, explica el presidente de la entidad, Antoni Cañete.

“Todos los grupos políticos incluyeron la propuesta del régimen sancionador en sus últimos programas electorales y es por ello que esperamos contar en nuestra Cumbre con todos ellos y con la más alta representación por parte del Gobierno”, confiesa Cañete.

Los interesados en asistir pueden ya realizar su inscripción gratuitamente a través de la dirección de correo electrónico:administracion@pmcm.es

A la espera de la respuesta de la UE y de los grupos políticos
La PMcM está a la espera de recibir respuesta por parte de la institución europea sobre tres asuntos de vital importancia: la sentencia sobre la devolución de los intereses de demora (prevista para el próximo 16 de febrero), la metodología en el cálculo de los plazos de pago de las Administraciones Públicas, y el procedimiento de infracción a España por una aplicación inadecuada de la Directiva sobre morosidad.

“Viendo el gran trabajo que está realizando la UE en líneas generales en materia de impagos a proveedores, desde la PMcM confiamos en que las decisiones que tome sean favorables a nuestros intereses, tal y como les hemos solicitado”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Asimismo, la PMcM ha alertado de la grave situación de la tramitación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo plazo de enmiendas está fijado, de momento, para el sábado 4 de febrero. “De aprobarse el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público tal y como está, de permitiría una ampliación sine die del tiempo de certificación. Esto, entre otros aspectos, produciría una involución en los plazos de pago que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas. No entendemos cómo se puede proponer volver al acuerdo entre las partes (entre contratista principal y subcontratista), y que todavía se confundan los plazos de pago con lo que son medios de pago como el confirming, entre otros. Esperamos que los grupos políticos decidan incluir nuestras propuestas en sus enmiendas, por el bien de nuestras pymes y autónomos”, confiesa Cañete.