Las Comunidades Autónomas ayudan a impulsar las renovables en España

Los objetivos vinculantes para 2020, cuando un 20% de la energía debe ser renovable, y los que se están debatiendo en la Unión Europea para 2030, donde es muy posible que se fije un objetivo del 30% o superior, tras las posturas fijadas por el Consejo (27%) y el Parlamento Europeo (35%), marcan un escenario de futuro desarrollo en el que España dará importantes pasos para un mejor aprovechamiento de su potencial renovable.

Inversiones que pueden alcanzar 8.300 millones de euros
Las distintas Comunidades Autónomas están posicionándose de cara a los nuevos desarrollos renovables. Solo las subastas celebradas en 2016 y 2017 implican la posibilidad de instalar 8.700 megavatios de nueva potencia renovable que implicarán inversiones del entorno de 8.300 millones de euros y generarían cerca de 90.000 empleos durante la fase de instalación. Inversiones, industria y empleos en un sector de futuro que las Comunidades Autónomas están intentando atraer de forma activa.

De los cerca de 90.000 empleos –directos e indirectos– que se generarían, más de 51.700 serían en el sector eólico y más de 4.600 en bioenergía. El sector fotovoltaico podría superar durante la fase de instalación los 33.400 puestos de trabajo, 28.000 directamente ligados a las subastas.

Tras esta primera fase de instalación, más de 18.000 empleos serían permanentes, vinculados a la fase de operación y mantenimiento de la nueva potencia instalada.

Las Comunidades impulsan renovables en subastas y mercado
Las subastas de potencia eléctrica no son la única opción de desarrollo de las renovables en el medio plazo. La potencia eléctrica a mercado o los usos térmicos en sectores difusos son otras formas de generación renovable que las Comunidades están impulsando.

Las Comunidades Autónomas más activas a nivel regulatorio son Andalucía, Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha que han publicado recientemente regulación específica para impulsar las energías renovables en sus territorios.

Galicia, con su Ley 5/2017, no solo ha impulsado por vía rápida los proyectos adjudicados en las subastas sino que garantizó la tramitación simplificada para el resto de proyectos que se presentaron antes del 26 de noviembre. Andalucía también ha facilitado la tramitación de acceso y conexión, entendiendo que los trámites administrativos no deben demorar el desarrollo renovable. Castilla-La Mancha, con el Decreto 34/2017, curiosamente publicado antes que las subastas de 2017, ha cambiado para bien la tramitación de los nuevos proyectos. Por último, Aragón es una de las Comunidades Autónomas que ha visto recompensado su esfuerzo regulatorio con la concesión de numerosos proyectos en las recientes subastas.

Extremadura merece una mención aparte. Aunque no cuenta con nueva regulación, esta Comunidad Autónoma está siendo muy activa en la agilización de los proyectos lo que se ha traducido en un importante atractivo para las empresas.

A pesar de los esfuerzos de las distintas Comunidades Autónomas y la atracción que las nuevas subastas suponen para las inversiones, es una lástima que el sector renovable siga sumido en la improvisación, alternándose años de moratorias y gran concentración de subastas. Una planificación energética a medio y largo plazo habría prolongado en el tiempo de forma ordenada los proyectos, generando empleo de calidad y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo y los recursos renovables de las Comunidades Autónomas.

Desarrollo desigual de los proyectos por regiones
Como puede consultarse en el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España (descarga), el desarrollo renovable está siendo muy desigual en las distintas regiones españolas.

Los casos más preocupantes son los de Baleares y Canarias, no solo por estar entre las cuatro Comunidades con menor potencia renovable instalada sino también porque, por su condición de islas y su excelente recurso renovable, son regiones con un grandísimo potencial para poder beneficiarse de esta transición energética.