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La Comisión Europea acaba de anunciar mediante un comunicado de prensa que ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar la medición individual de consumos en edificios con calefacción central. La contabilización individual del consumo de calefacción y agua caliente sanitaria está recogida en la Directiva 2012/27/UE que todavía está pendiente de su trasposición en España.
Las multas podrían ser de hasta 45 millones de euros
En octubre de 2017, la Comisión Europea ya abrió el procedimiento de infracción de la UE contra España enviando una carta de notificación formal, seguida de un dictamen motivado en marzo de 2018. ista, empresa especializada en medición, reparto y ahorro de consumos de calefacción, ha estado pendiente hasta ahora de la aprobación del Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción.
Según su director General, Ignacio Abati, “existe un borrador de Real Decreto que está pendiente de ser enviado al Consejo de Ministros, y esperamos que su aprobación tenga lugar en las próximas semanas, y animamos al Gobierno a que lo haga antes de las próximas elecciones generales. El hecho de que la UE haya enviado a España a la Corte de Justicia, por otro lado, tiene un lado positivo, porque nos anima y nos alienta a seguir trabajando por la contabilización individual de calefacción, y a seguir insistiendo en nuestro empeño en que nuestros clientes sigan ahorrando energía y dinero”.
Con su entrada en vigor, todos los edificios que no resulten exentos de la obligación, deberían instalar contadores de calorías y, en caso de que no fuese técnicamente viable repartidores de costes. Sin embargo, en España sólo se exige este requisito a los edificios construidos después de 2007.
La no entrada en vigor de este Real Decreto puede provocar importantes sanciones para España. “Contamos con precedentes como pueden ser los 45 millones de euros de multa que impuso la UE a España en 2018 por la falta de plantas de tratamiento de aguas en España en 17 comunidades autónomas”, asegura Ignacio Abati, quien reconoce que como director de ista y presidente de AERCCA, la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción “hemos recibido con un cierto sabor agridulce esta noticia. Por un lado, lamentamos que, tras dos avisos por parte de la UE en 2017 y en 2018, España esté aún pendiente de transponer una norma que nos beneficia a todos, dado que esta iniciativa, que debía haber sido traspuesta en 2014, conlleva ahorros de más de 200€/año a 1,2 millones de familias españolas, y la reducción de 1mtCO2 en emisiones a la atmósfera, y además, generará 3.000 nuevos empleos.”
La Directiva de eficiencia energética de 2012 (Directiva 2012/27/UE) establece un conjunto de medidas vinculantes para ayudar a la UE a alcanzar sus objetivo de eficiencia energética del para 2020. Según la Directiva, todos los países de la UE deben utilizar la energía de manera más eficiente en todas las etapas de la cadena energética, desde la producción hasta el consumo final.
A diferencia de otros países europeos, España lleva un retraso de cinco años en la adopción de medidas, que como el Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales de calefacción, busquen la reducción de emisiones contaminantes y el ahorro energético en los hogares, facilitando asimismo a los usuarios obtener información objetiva sobre la energía consumida y valorar su potencial de ahorro
Según ista, que es uno de los principales suministradores de repartidores de costes de calefacción, en Europa más de 30 millones de viviendas están ya dotadas de este tipo de sistemas de medición individual, lo que supone un total de 150 millones de dispositivos instalados. Mientras, en España, sólo 150.000 viviendas cuentan con esta tecnología.
